«Derogar la Reforma Laboral». Por Carlos Martínez-Cava Arenas, Abogado.

La sustitución de la legislación laboral del régimen previo a la constitución de 1978, -de clara inspiración falangista-, por sistemas liberales de dualidad empresario-trabajador y poder sindical como correa de transmisión de la izquierda, ha sido el denominador común de los últimos 40 años.

Se pasó de la casi prohibición absoluta de despedir, de los economatos laborales y la protección a las familias numerosas con elevados salarios dentro de la distribución de la renta nacional, a la desregulación y fragmentación donde el trabajador fue quedando inerme frente a las voluntades de contratación por salarios que, ya en muchos casos, impedían vivir dignamente.

Desde la destrucción del tejido industrial español, -novena potencia mundial en los años 70-, a la introducción de las ETT por el PSOE en los años 80, y las sucesivas reformas laborales de socialistas y liberales, se llega a febrero de 2012, última acometida de los mandatos comunitarios contra la Soberania Nacional para acabar con derechos sociales conquistados de mucho tiempo atrás.

No procedería culpabilizar a un solo partido de lo que muchos han sido participes en mayor o menor grado (y cabria decir que los mayores ataques han venido de la izquierda sabiendo que “sus” votantes no iban a deslegitimarles por mas huelgas generales que, en el pasado se hayan realizado).

Llegamos así a febrero de 2012 donde el Partido Popular ejecuta la más amplia y todavía vigente. Los resultados no han ido ligados a una mejoría de la contratación ni a una disminución de la contratación temporal. Tampoco a salarios más altos ni mayor seguridad. Antes al contrario, asistimos a una precarización desconocida sin visos ni ofertas políticas en contrario de solucionar.

Derogar la Reforma Laboral  parece el banderín de enganche e todas las fuerzas de izquierda tras el pasado 20 de diciembre. La pregunta no sería el “¿por qué?”, sino más bien el “¿para sustituirla por?.

En las recientes elecciones no hemos escuchado a ningún líder político invocar el artículo 129 de la Constitución de 1978 que dice que “ Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante la legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Tambien establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

Este derecho, para quien lo desconozca, no va referido a los ya ejercidos y reconocidos de libertad sindical y de negociación colectiva, sino al derecho de participación en el seno de la empresa a través de sus órganos societarios. Ello puede ser por participación en empresas cooperativas y/o por acceso a los medios de producción  a través  diversas formas de participación en la gestión conforme al grado de implicación en el procedimiento decisorio y dependiendo de la estructura de los órganos societarios.

Este articulo abre la posibilidad a la Democracia Social ampliamente entendida.

Así, podrían regularse normas de democracia directa en las empresas cuando deba ser adoptada una decisión trascendente de cara al futuro laboral de los trabajadores. Del mismo modo, se podrían implantar derechos de codecisión en función del porcentaje de representación de los trabajadores en los órganos societarios (tal como sucede en las Cajas de Ahorro donde esta participación venia siendo del 5 al 15 %).

No podrá hablarse de la misma participación en grandes empresas anónimas que en otras de pequeño tamaño y marcadas por una propiedad y dirección personal. El derecho comparado permite traer el ejemplo alemán de empresas de cogestión con su clarificadora sentencia del Constitucional de 1976 que marcaba que no podían adoptarse decisiones contra la voluntad de todos los trabajadores y que éstos no debían perder el control sobre la elección de la dirección de la empresa marcan una pauta importante de referencia.

La pregunta a formularse sería como hacer posible el desarrollo de este precepto constitucional en un mundo globalizado y donde las soberanías nacionales han sido entregadas a poderes comunitarios que pre determinan todas las grandes decisiones.

No cabe concebir otro tipo de políticas económicas sin antes recuperar esa capacidad normativa propia. Por tanto habría que cuestionar a todos los que prometen derogar la reforma laboral de 2012 por el marco y antropología que lo va a sustituir. ¿Busca la izquierda española hacer al trabajador dueño de su destino a través de una democracia económica en las empresas? ¿O asistiremos a una hañagaza más donde es la izquierda la que realiza los más agresivos programas neoliberales como ha sucedido en Grecia y Portugal?

La enunciación clara de otra alternativa debería ser el marco donde el trabajador español tuviera un asidero desde el que desenmascarar a los nuevos verdugos camuflados bajo banderas viejas.

Carlos Martínez-Cava Arenas, Abogado. Ensayista Político. Autor de «España Defendida».

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